Registro para beneficios en Débitos y Créditos Bancarios

Con el objeto de acreditar que se encuentran comprendidos en las exenciones o alcanzados con la reducción de alícuotas del impuesto sobre los débitos y créditos (Ley 25.413 y Decreto 380/01), la Resolución General (AFIP) 3900 prescribe que el sujeto beneficiario debe cumplir con la inscripción de las respectivas cuentas bancarias en un registro creado a tal fin y, además, con determinadas exigencias formales ante el organismo fiscal.


Lo que podría entenderse como un mero traspaso a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la actividad de control que ejercían las entidades financieras sobre la aplicación de los beneficios exentivos o de reducción del gravamen para determinadas cuentas de sus clientes, se ve subvertido ahora por un condicionamiento adicional no previsto en la Ley 25413 ni en el decreto 380/01, que surge de la mera voluntad del organismo fiscal plasmada en la R.G. 3900, y es el relativo a la exigencia de un intachable cumplimiento fiscal bajo pena del rechazo o la exclusión del contribuyente del Registro creado a tal fin.

Incorrecta conducta fiscal
El supuesto de exclusión motivado en la incorrecta conducta fiscal, introduce un dato ajeno a la relación jurídico-tributaria que da lugar al nacimiento de la obligación fiscal que tiene origen en el hecho imponible establecido por el Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias y, por lo tanto, tampoco tiene relación con la exención o reducción de alícuotas dispuesta para ciertos casos y, por ello, no debe ser tomado legítimamente como causa justificante de la baja. 

La normativa del Impuesto, al consagrar los beneficios, no prevé limitación alguna para gozar de los mismos, salvo naturalmente la innata e implícita exigencia de que el contribuyente acredite fehacientemente que cumple con el requisito de estar encuadrado en el precepto liberador. 

La Resolución 3900, en ese aspecto, por un lado modifica la norma sustancial agregando una limitación no prevista para gozar de la franquicia y, por el otro, crea una sanción encubierta tampoco prevista en norma legal alguna, vulnerando, así, el principio de legalidad.

Dicha sanción encubierta no está prevista en la ley creadora del gravamen, ni en su decreto reglamentario ni en la Ley N° 11.683, ni en ninguna otra, con clara afectación del principio de legalidad en materia tributaria.

Recordamos en este aspecto que el artículo 18° de la Constitución Nacional, al establecer que nadie puede ser penado sin un proceso previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, consagra una verdadera garantía en favor de la libertad individual poniéndola a cubierto de actos de la autoridad que importen un abuso o un arbitrario discrecionalismo del poder político.

Armonizada dicha norma con el artículo 19° del mismo cuerpo legal, que prescribe que nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, el viejo principio del "nullum crime, nulla pena sine praevia lege" puede ser reformulado sosteniendo que "está permitido hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por el Estado mediante una ley que con anterioridad al hecho cometido describa típicamente las conductas delictivas y especifique sus respectivas sanciones "(1).

En modo alguno las prescripciones del artículo 5° de la Ley 25.413 y del artículo 7° del Decreto N° 618/97, que son las normas que el último párrafo del Considerando de la Resolución bajo análisis menciona como fuente de las facultades que la AFIP se atribuye, habilita a dicho organismo fiscal a dictar normas de contenido represivo o de condena. 

Es tan evidente la ilegitimidad en la que incurre la Resolución bajo comentario en este sentido, que es dable esperar que la misma sea modificada a la brevedad. 

Recurso 
En el caso que el organismo fiscal excluya del registro al contribuyente fundado en inconducta fiscal, el artículo 15 de la Resolución 3900 señala que en caso de disconformidad con la exclusión el contribuyente podrá interponer el recurso previsto en el artículo 74 del decreto 1397 del 12 de junio de 1979 y sus modificatorios, el que no tiene efecto suspensivo, ante el titular del organismo fiscal.

Frente a la gravedad del vicio incurrido, la vía procesal prevista en la misma R.G. 3900 resulta harto insuficiente.

Este recurso no resuelve la arbitrariedad incurrida por la norma, debido a que el mismo se interpondría después de que la exclusión se concretó, privando al contribuyente de las ventajas que la ley ha consagrado en su beneficio. Se une a ello la circunstancia que al no tener el recurso en cuestión efecto suspensivo, el trámite que insuma su tratamiento por la AFIP consolida el daño producido, demostrando la ineficacia del mismo dentro de los parámetros del derecho al debido proceso adjetivo.

Sancionar al contribuyente con el rechazo de la solicitud de inscripción de la cuenta en el Registro o su exclusión del mismo sin transitar el íter administrativo y eventualmente judicial correspondiente, importa tanto como consentir que el Estado, en ejercicio de su poder discrecional, pueda castigar al infractor utilizando métodos o procedimientos en pugna con los derechos individuales amparados por la Ley Fundamental de la Nación. 

En tal sentido, la afectación constitucional no queda soslayada por la intimación prevista en el artículo 10 de la RG N° 3900 y el plazo de diez días otorgado para la subsanación de la irregularidad (incumplimiento fiscal), en tanto el incumplimiento de aquella por el contribuyente tampoco habilita a la AFIP a decretar la caducidad del beneficio que legalmente le corresponda.

Ante el hecho concreto de rechazo o exclusión del Registro por parte de la AFIP fundado en los incumplimientos contemplados en los artículos 3°´, 9° y 10°, el contribuyente deberá interponer el recurso de apelación del art.74 del D.R. acompañado con un pedido de suspensión de la aplicación de esta causal de rechazo de solicitud al Registro o su exclusión mientras se sustancie el recurso. Asimismo, el contribuyente tiene abierta igualmente la vía judicial para promover una acción declarativa de inconstitucionalidad acompañada de una medida cautelar con el objeto de permitir la aplicación del beneficio pertinente hasta tanto la justicia se expida. 

OUVIÑA, GUILLERMO L. "Nullum crimen...", en Enc. Jur. OMEBA Vol. XX 
ps. 548 y siguientes

Fuente: ambito.com  Por: Osvaldo H. Soler y Enrique D. Carrica

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