Registro de operadores de la cadena de producción bovina y bubalina


Con aplicación a partir del próximo 27 de agosto y con un esquema similar al del Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG), se publicó la Resolución General 3873 (B.O. 30/05/2016) que dispuso la creación de un registro para los diferentes actores involucrados en la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes y de un régimen de retención, percepción y pago a cuenta de IVA aplicable a las operaciones de faena y comercialización de animales y carne de ganado bovino.



Aspectos centrales
Podrán inscribirse en el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (en adelante el RFOCB), los productores, criadores y cabañeros, los feedlots, invernadores, establecimientos faenadores y/o frigoríficos, consignatarios, mercados concentradores, ferias o predios feriales, matarifes, usuarios de faena y comercializadores de subproductos de origen bovino o bubalino. También deberán elegir alguna de las categorías mencionadas los otros contribuyentes que operen en la compraventa, tenencia y/o traslado de hacienda bovina/bubalina o su faenamiento, quedando exceptuados de dicha obligación los transportistas de hacienda.

A diferencia del RFOG, la incorporación puede ser por una o más actividades desarrolladas. Para solicitar la inclusión, los contribuyentes y responsables deberán cumplir con los requisitos detallados en el artículo 4 de la Resolución y cumplimentar la misma mediante la transmisión de datos en el servicio Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas Bovinas y Bubalinas del sitio web de la AFIP. 

La permanencia en el RFOCB estará condicionada a que el contribuyente mantenga una correcta conducta fiscal, a cuyo fin no deberá incurrir en ninguna de las situaciones que se enumeran en el Anexo I, apartados A, B y C de la Resolución. En caso que se constate la configuración de alguna de las detalladas en el Apartado A (derivadas de controles sistémicos formales), se dispondrá la inmediata suspensión por un plazo de hasta sesenta (60) días corridos desde su notificación en el domicilio fiscal electrónico. Si dentro de ese plazo se subsanan los incumplimientos, se levantará la suspensión; de lo contrario, el responsable continuará suspendido, hasta tanto tenga efecto su exclusión, la cual operará de pleno derecho.

La exclusión, por su parte, será notificada en el domicilio fiscal electrónico y luego publicada en el sitio web del organismo fiscal. Operará, además del supuesto mencionado anteriormente, cuando existan respecto del sujeto de que se trate alguna de las otras inconductas fiscales previstas en los apartados B (controles objetivos practicados en verificaciones y/o fiscalizaciones) o C (estado del contribuyente en procesos judiciales) del Anexo I y/o se constate que los operadores obligados no cuenten con la matrícula vigente en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) del Ministerio de Agroindustria. Esta última causal operará también de pleno derecho. 

Regularizados los motivos que originaron la exclusión, se podrá formalizar una nueva solicitud de inscripción, salvo que se trate de las causales indicadas en los puntos 1., 2., 5., 7. y 8. del Apartado B del Anexo I, que la misma sólo podrá efectuarse luego de transcurridos doce (12) meses corridos desde que la medida fuera publicada en el sitio web de la AFIP.

Consecuencias que plantea la exclusión o no inclusión 
Transcurridos sesenta (60) días corridos contados a partir del día en que comenzó a ser de aplicación el Registro, los sujetos inscriptos en el RUCA que les haya sido rechazada la solicitud serán informados ante el Ministerio Agroindustria y al SENASA. De igual forma, también serán informados a dichos organismos todos aquellos sujetos cuya exclusión se encuentre firme.

Además, los sujetos que se encuentren suspendidos, no incluidos o excluidos quedarán alcanzados por las alícuotas y valores agravados de los regímenes de percepción, pagos a cuenta y/o retención previstos en el Anexo II de la Resolución para los sujetos No activos en el Registro. 

Finalmente, las liquidaciones emitidas por los consignatarios de hacienda y/o de carnes no incluidos en el RFOCB no serán considerados documentos equivalentes, con los efectos tributarios negativos que ello conllevará para las partes. 

Ahora bien, los responsables excluidos pueden interponer el recurso previsto en el Artículo 74 del Decreto N° 1.397/79. Esta vía de apelación no se otorga con efectos suspensivos, lo que implica que el operador sufra las consecuencias desfavorables derivadas de medida mientras el expediente es revisado.

Recordemos que el artículo 159 inciso b) de la Ley 11.683 regula la competencia del Tribunal Fiscal en razón de la materia sujeta a su jurisdicción, estableciendo dentro de su alcance que podrá entender ...contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas superiores a $25.000 (veinticinco mil pesos) o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto (el destacado es nuestro). 


Se nos plantea el interrogante en relación con la naturaleza jurídica del acto administrativo de exclusión del RFOCB. ¿Podría encuadrar como una sanción de otro tipo y en consecuencia abrir la competencia del tribunal fiscal? Esto le otorgaría al responsable la posibilidad de discutir la decisión suspendiendo los efectos del acto hasta tanto exista una resolución por parte del organismo. Sin embargo, por entender que no se trata de una sanción, el organismo jurisdiccional viene declarando su incompetencia ante resoluciones de exclusión del RFOG. En este marco, el operador damnificado se verá obligado a evaluar la articulación de otros remedios procesales para preservar sus derechos. La interposición de una medida cautelar y/o la acción de amparo ante la Justicia federal podrían ser mecanismos viables ante una medida sancionatoria de este tipo. 

Reflexiones finales
Al igual que como ocurre con el RFOG, el origen de la exclusión está dado por la concurrencia de los supuestos contemplados en la norma y por la consideración de parte del organismo fiscal de la presencia de una incorrecta conducta fiscal.

La nueva Resolución no ha incluido la tan controvertida inconducta fiscal derivada de ajustes de fiscalización relevantes no conformados o conformados no regularizados o no ingresados que aún sí está presente en la Resolución General 2.300. Ya se ha advertido que disposiciones de este tipo pueden dar lugar una desviación de poder, exigiendo al contribuyente aceptar una liquidación administrativa tan sólo con la amenaza de encuadrarlo en dicho inciso y decretar la suspensión y/o exclusión. Es por ello que celebramos la no inclusión de la misma en el RFOCB e invitamos a su eliminación como causal en el marco del RFOG.

Lamentablemente sí se mantienen causales indeterminadas que no explicitan de modo suficiente la conducta comprendida, como las previstas en los incisos 8) y 10) de los Apartados A y B del Anexo I respectivamente. Así las cosas, la suspensión y/o exclusión en el RFOCB dependerán del alcance que en cada caso el funcionario de turno pueda dar al concepto jurídico de inconducta fiscal. Creemos que la falta de una definición concreta de ellas debe ser corregida, pues se coloca al operador en una situación de indefensión, no pudiendo prever con claridad las consecuencias jurídicas de su actuar. 

Por otro lado, la idea que pretende imponer el fisco considerando como un beneficio fiscal la inclusión de los contribuyentes en el régimen de la Resolución General 2300 como de la 3873 es opinable y debiera ser modificada. No cabe interpretar provecho alguno por estar incluido en ambos regímenes, pues los mismos no contienen una menor carga tributaria para los participantes ni los exime de impuesto alguno, simplemente hace viable o no el negocio de la comercialización no siendo pasible de un régimen agravado de retenciones, percepciones y/o pagos cuenta. 

Como en el RFOG, también se prevé la opción de interponer ante la exclusión el Recurso del artículo 74 del DR de la ley 11.683. En nuestra opinión, esta vía no constituye una alternativa idónea para la protección de los derechos de los damnificados pues no tiene efectos suspensivos, obligando al contribuyente a presentarlo para luego poder acceder a la justicia, pero habiendo sufrido las consecuencias de la decisión administrativa. 

Aún con los pronunciamientos del Tribunal Fiscal en sentido contrario, consideramos que la suspensión y/o exclusión del Registro se asemejaría a una sanción para el operador y en consecuencia el Tribunal debería abrir su competencia para que el contribuyente pueda ejercer su defensa ante un organismo neutral y especializado sin que la ejecutoriedad del acto administrativo cuestionado se materialice o ejecute en su perjuicio.

Sin dudas la implementación del RFOCB será un instrumento eficaz para un eficiente control del comercio de carnes y sus operaciones que contribuirá a disminuir la evasión fiscal en el sector. Sin embargo, creemos que existen algunas cuestiones que merecen ser revisadas a fin de que el mismo constituya una herramienta útil para lograr sus fines sin dañar los derechos de los sujetos involucrados. 

Fuente: ambito.com  Por: Marcela A. Crespo y Rodrigo L. Vendramín

(1) Bresso, Juan Domingo s/recurso de apelación, TFN, 29/12/2009; Josefina del Carro s/apelación Impuesto al valor agregado, Sala C, 06/07/2011; Del Piccolo, Juan Horacio, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, del 22/02/2011, entre otros

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